El pasado día 13 de septiembre de 2017 Diario de León publicó un artículo de OLIMPIO M. PÉREZ CASTRO INGENIERO sobre el incendio de La Cabrera del pasado mes de agosto. El artículo contenía acusaciones gravísimas y ofensivas, amén de algunas imprecisiones y contradicciones.
El artículo insinuaba que el fuego fue provocado y planificado con el fin de que las empresas que facturan por apagar incendios se lucraran, y a continuación que hubo negligencias y “pasividades intencionadas” que permitieron al fuego avanzar con viento en contra saltando cortafuegos y carreteras de forma inexplicable.
Semejantes afirmaciones son calumniosas, especialmente para un operativo de extinción en el que trabajan codo con codo trabajadores de empresas y cientos de trabajadores públicos, todos ellos jugándose la vida. Pretender que el personal de la Junta, del Ministerio, del Ejército o de la Administración Local tenía algo que ganar alargando este incendio es una estupidez; insinuar que cualquiera de ellos dejó que el incendio atravesara un cortafuegos o una carretera es una calumnia querellable. Y los medios aéreos privados, cuyo coste tanto preocupa al autor, tienen contratos en los que la cantidad anual que facturan es la misma haya o no haya incendios, de forma que cada hora de incendio va directamente en contra de sus beneficios.
El incendio de Encinedo alcanzó unas intensidades brutales; yo hablé por teléfono con trabajadores públicos a pie de llama que me dijeron que no habían visto nada igual en su vida laboral. Los vientos fueron erráticos, variables y distintos a los pronosticados, el material combustible a disposición del fuego era muy grande y la ladera en la que comenzó el incendio no tiene accesos salvo por sus partes alta y baja. En la parte alta de esa ladera se pudo parar el incendio, pero en la baja no en todos los puntos, y efectivamente el incendio cruzó varias carreteras, caminos y cortafuegos, como han hecho decenas de incendios menos intensos decenas de veces.
Por otra parte el autor da datos poco rigurosos, por ejemplo al hablar de “cerca de 20.000 hectáreas quemadas” cuando el balance oficial es de 9.964. Dice que la “costosa red de cortafuegos” estaba recién limpia y suponía un derroche, cuando fue por ejemplo el cortafuegos en el límite con Zamora lo que contribuyó a sujetar el incendio en ese frente, y fue la ausencia de cortafuegos e infraestructuras de apoyo en otras zonas lo que complicó las labores de extinción, sobre todo en la fase inicial del incendio.
El autor cita con simpatía a los viejos pastores de la Cabrera, que con sus inocuas quemas de invierno previenen los grandes incendios de verano. Pero esas “pequeñas quemas controladas”, podían ser viables y seguras cuando eran realizadas por los habitantes de la zona en territorios explotados con poblaciones jóvenes, como había hace 50 años, pero hoy no lo son. Esta primavera pudimos comprobar en el Valle del Silencio en qué se convierten las “pequeñas quemas controladas” de la población local cuando se aplican en un territorio despoblado donde apenas quedan zonas cultivadas. Por no hablar de que reiterar esas quemas perpetúa la presencia de brezales y evita el paulatino desarrollo de arbolado, de mayor interés ecológico y económico que el brezal y que a largo plazo da lugar a formaciones menos combustibles.
Lo único común a todas las comarcas con incendios recurrentes, dentro de su amplia casuística, es que los fuegos los provocan personas de la localidad o como máximo de la comarca. Este fuego lo ha provocado alguien de la comarca, pero no hay que buscar a un monstruo que quería quemar 10.000 hectáreas, sino a un irresponsable, que, siguiendo la lógica transmitida al autor por los ancianos pastores, pretendía despejar una zona de monte con un fuego que “se pararía por la noche” o que apagarían desde la carretera. Pero no se paró por la noche, porque el monte de hoy no es el de hace 50 años, ni nunca lo volverá a ser salvo que queramos volver a roturar los cotarros improductivos, inaccesibles y pedregosos de la Cabrera para generar ese mosaico de pastos, monte y cultivos que es la mejor protección del territorio contra los grandes incendios. Crear y mantener ese mosaico requeriría una población local numerosa dispuesta a aceptar una economía de subsistencia y unas condiciones de trabajo incompatibles con la sociedad actual.
Estas comarcas seguirán sufriendo incendios recurrentes hasta que sus habitantes se mentalicen de que provocar fuegos hoy en estos territorios es una temeridad. La presión social dentro de las propias comunidades es la mejor herramienta para reducir el número de fuegos intencionados. Si se consigue esa reducción seguirá habiendo incendios, pero con una frecuencia anecdótica, marcada por los rayos o los accidentes humanos. En paralelo las administraciones tienen que asumir que hay trabajos que se deben realizar con cargo a sus presupuestos, como son mantener en un estado operativo las redes de caminos y además una franja de seguridad alrededor de los núcleos poblados e infraestructuras. Lo que antes mantenían por el propio uso entre las veinte familias del pueblo y su ganado hoy no lo pueden mantener los cinco vecinos jubilados que quedan.
Lo que en ningún caso va a contribuir a la solución del problema es la difusión y publicación de análisis erróneos que sólo pueden llevar a soluciones ineficaces, como es el caso del artículo denunciado. Y muy especialmente cuando además se difama a empresas y trabajadores públicos que con mayor o menor acierto, en condiciones muy difíciles y con riesgo de sus vidas lucharon durante días contra el incendio forestal de Encinedo.
