PREVENCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE DESAMORTIZACIÓN DE PARCELAS FORESTALES

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Parcelario de una zona incendiada en agosto de 2017 en Encinedo (León). Las pequeñas parcelas particulares abandonadas impiden defender las grandes parcelas forestales de los montes públicos colindantes. Fuente: SIGPAC

Uno de los principales problemas del territorio español es el abandono de una parte muy importante de sus áreas rurales. La ausencia de gestión de una finca agrícola la transforma con el tiempo en una zona de vegetación espontánea primero herbácea y luego leñosa, que puede ser de matorral o arbolado. En cualquiera de los casos se produce un incremento de la materia vegetal que sostiene la finca, en un largo proceso que puede acabar desembocando en un bosque al cabo de siglos.

En el caso de una finca forestal abandonada el proceso es el mismo, sólo que se inicia en una fase más o menos avanzada del proceso descrito.

Hasta que se llega al bosque espontáneo la finca pasará por varias fases intermedias, en su mayor parte poco interesantes y muy problemáticas. Se forman zarzales, brezales, aulagares, mezclas de encinas o pinos con jaras, dando lugar a formaciones con poco o nulo valor económico, con poco valor ecológico cuando son muy extensas y con un riesgo elevado de que en caso de que haya un foco de fuego se produzca un incendio forestal de alta intensidad y muy peligroso para las parcelas colindantes. OLYMPUS DIGITAL CAMERAAsí, la presencia de fincas abandonadas en el parcelario se convierte en un problema para la lucha contra los incendios, porque reciben al incendio, lo avivan con su gran biomasa y lo transmiten en todas las direcciones. Cuando la proporción de fincas de este tipo es muy alta el territorio tiene una alta probabilidad de sufrir en la próxima generación un incendio forestal de grandes dimensiones.

Muchas veces la causa del abandono no es la maldad o dejadez de propietarios millonarios absentistas. El abandono de la finca se produce en primer lugar por su baja rentabilidad o potencial productivo. El potencial está claro: en la huerta de Murcia se abandonan menos fincas que en el páramo de Masa. La rentabilidad es más compleja: una finca puede tener potencial productivo pero no ser rentable por motivos de tipo social, como su escasa dimensión, su mal acceso o su traspaso a herederos que viven lejos y no las pueden cultivar. Cuando la finca es productiva y rentable enseguida hay un tejido productivo interesado en comprarla o arrendarla, pero, si no lo es, la finca no supone ningún beneficio real al nuevo propietario. Si a ello le añadimos la kafkiana carga burocrática y tributaria que requiere formalizar legalmente el traspaso de una parcela (aceptación de herencia, impuesto de transmisiones, inscripción en registro, etc) el resultado son millones de parcelas deficientemente documentadas, sin valor económico que justifique su legalización y con un propietario que tiene un desconocimiento absoluto del mundo rural. El resultado es que la parcela se abandona y se deja que la vegetación siga su libre evolución.

Actualmente ese proceso de abandono es continuo, acumulativo y con difícil vuelta atrás. Por otra parte en la evolución de los sectores económicos cada vez queda menos valor para los productores primarios (da igual que sean agricultores, ganaderos, selvicultores, pescadores o mineros) y más valor asociado al resto de la cadena del producto, lo que obliga a los primeros a intensificar su producción para ser competitivos. Todo ello unido al envejecimiento y despoblación rural indican que la situación dentro de diez años será peor y habrá más fincas abandonadas y con riesgo de arder.

Pretender que esa clase de propietarios urbanos sin conocimientos tome decisiones de gestión correctas desde el punto de vista de su interés económico y del territorio es utópico. Pretender que se agrupe con otros propietarios parecidos acaba generando problemas irresolubles, como parecen indicar todas las experiencias de este tipo que se han puesto en marcha, que o bien han fallado desde el principio o bien han llegado a un punto de estancamiento y colapso.

La única solución estable a largo plazo es liberar a los propietarios de la carga que en la práctica suponen esas parcelas y traspasar su propiedad a quien pueda realizar una gestión que evite su degradación. Es decir, en los casos de terrenos sin un aprovechamiento económico viable a corto plazo, a manos públicas.

La fórmula sería habilitar un sistema que permitiera a los particulares el pago de impuestos mediante la entrega de fincas, especialmente el IRPF y el Impuesto de Sucesiones, en lo que supondría un proceso desamortizador, porque estos propietarios pueden calificarse como manos muertas. Las parcelas que interesaría movilizar de esta forma son muchas veces fincas donde con cierta frecuencia la valoración fiscal sería mayor que su valor de mercado, por lo que para el contribuyente sería una opción atractiva, ya que evita pagar impuestos en metálico mediante la entrega de un bien que no le reporta beneficios y que además está sobrevalorado.

Por otra parte la asunción de fincas por parte del Estado dista de ser una solución óptima, especialmente con la actual distribución de competencias entre administraciones. Por ello se debería dar salida a todas esas parcelas de la forma más rápida posible.

  • Las que sean de interés agropecuario o forestal pueden ofrecerse a propietarios colindantes al mismo precio por el que se las adjudicó el Estado, lo que equivaldría a darles derecho de tanteo. Este caso será poco frecuente, porque muchas veces el propio mercado ya habría llegado a esta solución sin pasar por la intermediación estatal.
  • Las que sean colindantes con montes de utilidad pública y cumplan los requisitos para incorporarse a ellos deberían ser transmitidas de forma gratuita por el estado a las entidades locales titulares de esos montes para su incorporación inmediata al monte.
  • Las que sean colindantes con montes que tengan un instrumento de planificación forestal en vigor deberían ser ofrecidas a los titulares de estos montes en el mismo precio en que fueron adquiridas.
  • Las fincas que puedan tener algún otro interés podrían ir siendo sacadas a subasta pública si hay expectativas razonables de que sean adquiridas.

Las demás quedarían en manos del Estado, que inicialmente iría adquiriendo un goteo de parcelas salpicadas pero que con el tiempo iría completando polígonos de cierta entidad, porque es de esperar que la aceptación de estas medidas se concentre en algunas zonas donde el valor de las parcelas sea bajo. El Estado como propietario no es hoy la mejor solución pero al menos tiene ciertas perspectivas de acometer algunas actuaciones en caso de que sean urgentes, y la acumulación de parcelas en lotes grandes hará que con el tiempo puedan ser vendibles.

El sistema tendría que establecer cuánta superficie está dispuesto a absorber y qué máximos serían aplicables por contribuyente, y tiene que resultar atractivo para los propietarios. Un ajuste importante en el caso del IRPF es que el pago con fincas pueda aplicarse a lo largo de varios años y tener el carácter de pago anticipado, de forma que repercuta en una disminución de las retenciones de los ejercicios siguientes.

Los beneficios para el territorio serían muchos:

  • El principal objetivo de la medida es aumentar la extensión de las explotaciones agrícolas y forestales activas a costa de superficies abandonadas. De esta forma las explotaciones ganarían competitividad y el territorio se podría defender mejor frente a los incendios forestales.
  • El paso de muchas propiedades a manos públicas permite aplicar medidas de ordenación del territorio que de otra forma se quedarían en buenas intenciones por falta de disponibilidad de los terrenos.
  • Muchas parcelas sin documentar legalizarían su situación registral y catastral, incluso aunque no acaben acogiéndose al sistema.
  • La posibilidad de acceder al derecho de tanteo de fincas colindantes estimulará la elaboración de instrumentos de planificación para las fincas forestales productivas, sobre todo en zonas minifundistas del norte de España.

Ingresos y costes

El incremento en la legalización de fincas implica un aumento en la recaudación de los distintos impuestos asociados a la transmisión de inmuebles. Ese incremento en un gran número de fincas probablemente será suficiente para compensar cualquier pérdida de ingresos, que se produciría sólo en las fincas que se acojan al sistema. Hacienda asumiría dos tipos de pérdidas de ingresos:

  • Recibir parcelas en vez de dinero supone una pérdida inmediata de liquidez para el Estado, que sólo se recuperaría en parte a través del posterior ingreso por venta de estas parcelas. El hecho de poder vender lotes valiosos formados por la unión de parcelas adquiridas a menor coste por estar aisladas puede implicar que el precio de venta supere a la suma de los precios de compra.
  • La transmisión de fincas recién adquiridas por el Estado hacia las entidades locales a coste cero supone en la práctica un desembolso para el Estado. Es de esperar que el porcentaje de parcelas en esta situación sea reducido.

Con el presupuesto que el último Plan Pive de adquisición de vehículos gastó en un solo año se podrían adquirir unas 400.000 hectáreas de terrenos, y eso sin contar con que en este caso parte de esa inversión se recuperaría mediante subastas y que no sería un gasto a fondo perdido, sino una adquisición de bienes.

CONCLUSIÓN

Tanto la situación actual como la propuesta tienen carácter acumulativo. En la situación actual se va produciendo la acumulación de fincas perdidas legal y territorialmente, sin actividad económica, con efecto bloqueo y con alto riesgo de sufrir y transmitir un incendio a las fincas colindantes.

Con el sistema propuesto se frenaría ese proceso y se produciría una progresiva acumulación de terrenos en explotaciones agrarias y montes de utilidad pública. En general se incrementaría la proporción de terrenos de titularidad estatal, donde la aplicación de medidas de ordenación del territorio en general y de prevención de incendios en particular sería más eficaz.

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